La destrucción de la democracia en España (2): el Estado cesante

En unos pocos meses Hitler liquidó el sistema político de la República de Weimar y organizó una dictadura personal en Alemania desde 1933. Es cierto que la democracia del régimen salido del colapso posterior a la Gran Guerra dejaba mucho que desear, pero no lo es menos que sus fundamentos políticos fueron socavados por un partido nazi que ganaba y ganaba votantes tras cada consulta electoral. Los nazis se aprovecharon de una situación económica extremadamente crítica para el país como consecuencia de los efectos de la depresión llegada, entonces como ahora, de Estados Unidos. Hitler hablaba de “revolución nacional” para referirse a los cambios ideológicos que él esperaba integrar en la vida cotidiana de los alemanes.

Buscar paralelismos sirve a veces para aguzar la mirada analítica sobre comportamientos que acaban configurando los grandes acontecimientos que modifican la política de un país. El PP ganó las elecciones por el desprestigio de una política errática y poco eficiente ante la crisis llevada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez. Desde entonces es evidente que se ha dedicado a alterar considerablemente los fundamentos políticos, legales y jurídicos que sustentan el llamado Estado del bienestar. Nadie del partido gobernante emplea la palabra “revolución”, pero eso es lo que está ocurriendo si concedemos al término un sentido amplio pero ideológicamente coherente de cambio profundo. Ahora bien, esa supuesta revolución es una tapadera para un empeño más desaprensivo: en tiempo de crisis salvemos los muebles, los propios, se entiende. Vayamos por partes:

El PP está desprestigiando al legislativo con las reiteradas incomparecencias del presidente, con su hurto sistemático de las explicaciones debidas y de las decisiones que son competencia de las Cortes. El absentismo presidencial subvierte el sistema democrático al esquivar uno de sus pilares básicos: el control del ejecutivo, la obligación de dar explicaciones, la conveniencia de la discusión de las propuestas y de los argumentos, en suma, la esencia de la democracia como ejercicio responsable y público del poder en nombre de la soberanía nacional. Ni siquiera siente la necesidad del disimulo. El abuso del Real Decreto-Ley marca un antes y un después en la transgresión de las formas parlamentarias. Tampoco hubo debate sobre el estado de la nación porque se consideró poco oportuno. ¿Para quién? Se trata de ahorrar quebraderos de cabeza al Presidente.

¡Y qué decir del ejecutivo! Las reuniones de consejeros autonómicos del mismo signo político preparan las decisiones más impopulares de educación y sanidad. Los ataques a la educación pública comenzaron en una Comunidad, la de Madrid, cuya anterior Presidenta se empleó a fondo en la descalificación de los profesores. La sanidad ha sufrido recortes en la subvención de los medicamentos con argumentos tan “populares” como el del recurso a los “remedios naturales” que mencionaba la ministra Ana Mato. La atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles se ha convertido en otro de los puntos calientes de las decisiones vergonzosamente segregadoras y excluyentes que tanto parecen agradar a este gobierno. Los recortes a la industria del cine son una venganza contra un gremio, el de los actores, que siempre ha sido muy crítico con los gobiernos del PP (recordemos el sonoro “No a la guerra” de una edición de los premios Goya). Pero la cultura en general está bajo sospecha y sufre las consecuencias de sus declaraciones y sus posiciones ideológicas. Solo un ministro tan obtuso como el titular de esa cartera tan grande acapara el dudoso honor de ser el promotor de una de las involuciones más reaccionarias de lo que llevamos de siglo. Los pretextos (fracaso y abandono escolar, malos resultados en las PISA) parecen poco convincentes cuando se está promoviendo trasvase de recursos y financiación a la privada y se toma partido por los dictados más conservadores de la Conferencia Episcopal.

Tampoco el judicial escapa a la demolición antidemocrática que está ejecutando el PP: la reforma polémica de la ley del aborto, el acoso y derribo de Baltasar Garzón, las tasas judiciales, que convierten el acceso al sistema judicial en un lujo, otro más, de carácter disuasorio para unas clases sociales cada vez más empobrecidas. Igualmente grave resulta la intención de criminalizar a la sociedad civil por el hecho de manifestarse. Aquí los meritorios no se andan con medias tintas: la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid es un buen exponente con su propuesta de modulación. Se estrecha el cerco sobre las libertades, se criminaliza al que protesta, al manifestante, al que discrepa públicamente, al que contacta a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías para proponer o afirmar algo que no sea asumible por el sistema de ¿valores? del gobierno. La política ha abandonado la tradicional nobleza de presupuestos y de objetivos que fue desde finales del siglo XVIII para convertirse en una tediosa actividad de autojustificación, de defensa y protección de los propios políticos, de lanzamiento de anatemas y amenazas contra los que no piensan igual.

La lista de atropellos sería muy larga. Pero lo más preocupante es la mezcla de iluminación ideológica y de revanchismo de muchas de las medidas adoptadas, que no se justifican por la presión de las reformas impuestas desde Bruselas. Los inmigrantes, los dependientes, los desahuciados, la clase trabajadora, los servicios públicos de sanidad, educación, investigación y justicia son las víctimas favoritas. La consigna es eliminar prestaciones o privatizarlas, sin cálculos ni estudios previos de rentabilidad económica ni social, sin el más mínimo análisis de las consecuencias a largo plazo, sobre las que autorizados organismos internacionales empiezan ya a alertar. Esta inhibición del Estado en sus funciones más perentorias ya está teniendo resultados dramáticos y ha acentuado una fractura insalvable entre dos categorías de ciudadanos que ya estaban empezando a diferenciarse a causa de la crisis: los que apenas la perciben y todos los demás. En la primera categoría se sitúan los banqueros, los defraudadores amnistiados, los empresarios, buen parte de los políticos y de los altos cargos de las Administraciones. Todos ellos mantienen su cuota de poder económico que los vincula con esa “clase política extractiva” que señalaba César Molinas en su artículo de septiembre publicado en EL PAÍS. Esa extracción se ha generado y se sigue generando, a veces de forma delictiva a través de numerosos casos de corrupción que siguen aflorando casi cada mes. Una extensa nómina de “conseguidores” bien relacionados con el poder político está saqueando el país para beneficio de unos pocos. Esos pocos pertenecen a la “clase política”, culpable de la crisis, que ahora debe mantenerse a flote en plena depresión y devolver favores a quienes se los han procurado durante los años de la gran especulación. De modo que se pone en venta el sistema de salud pública y la educación pública, se inyecta efectivo europeo a los otros grandes culpables, los bancos; se amnistía a los defraudadores, se sangra al funcionario y al ciudadano con impuestos más elevados, se le aumentan las tarifas eléctricas y los peajes y se le hace pagar por servicios elementales como la sanidad y la justicia.

La concentración de la riqueza en manos de unos pocos ya fue prevista por Marx, aunque no del mismo modo en que se está produciendo. No es la burguesía, un concepto social desfasado y ambiguo, sino una parte del conglomerado de políticos, banqueros, empresarios y gestores de operaciones especulativas. Ellos ganan y el resto pierde: paro, desatención sanitaria, negación de la tutela judicial, desahucios. Los principios elementales de la política como servicio a la ciudadanía están conculcados: no parece crearle dudas al gobierno acerca de su permanente violación de los fundamentos constitucionales el que haya cada vez más gente sin trabajo, sin casa, sin derechos, sin protección frente a la opresión.

El daño parece ya irreparable para muchas generaciones, y aún no ha terminado.

SOBRE CULPAS Y TUMBAS

   En el verano de 2011 un libro de historia voluminoso como El holocausto español, del eminente hispanista británico Paul Preston, se situaba durante varias semanas en los primeros lugares de ventas de obras de no ficción en España. El fenómeno no parece tan llamativo si tenemos en cuenta que Paul Preston es un reconocido investigador del pasado reciente de nuestro país, especializado en la guerra de 1936-1939, la época del franquismo y la vida del dictador, que goza de una sólida reputación y que se benefició de un lanzamiento editorial tan bien calculado como el de esta obra, publicada en vísperas del Día del Libro, un hecho por otra parte nada raro para este historiador, invitado ocasional de las casetas de las calles barcelonesas el día 23 de abril.

   En su obra Paul Preston justifica el uso del término “holocausto” para definir la represión de los dos bandos enfrentados durante los años de la guerra y del bando vencedor durante una larga posguerra que alcanza de modo sistemático al menos hasta 1951. No parece discutible su argumentación, ni siquiera por la parte meramente léxica, pues el diccionario de la RAE define el término en su segunda acepción como “gran matanza de seres humanos”. Preston ha consultado una ingente documentación de archivos y fuentes primarias, así como las publicaciones más recientes de los numerosos historiadores españoles que se están dedicando a investigar los perfiles y los números aproximados de la represión. Con precisión quirúrgica y una forzada equidistancia de los dos bandos consigue describir el cúmulo de atrocidades que llevó, según sus cuentas, a la muerte a más de 180.000 personas entre 1939 y 1950, al margen de las víctimas causadas por las acciones de combate. No rehúye ningún asunto polémico y son particularmente interesantes sus análisis sobre los asesinatos perpetrados por el bando sublevado en la región más castigada, Andalucía, atizados por la vesania enfermiza de Queipo de Llano y la sed de venganza de los terratenientes; la matanza de la plaza de toros de Badajoz; la represión incontrolada de Falange Española sobre los “rojos” en la provincia de Valladolid; el espinoso asunto de Paracuellos, con un intento quizá no del todo logrado de definir la responsabilidad de Santiago Carrillo; la culpabilidad del general Franco en el bombardeo de Guernica; o la participación de los servicios secretos soviéticos en la liquidación del núcleo dirigente del POUM.

   Varios apéndices finales representan gráficamente los datos de la represión. Una reelaboración a partir de esos números permite comprender la magnitud del “holocausto”.

   No es este el lugar adecuado para comentar la evidencia de la tragedia, si acaso para plantearse una vez más la pregunta de qué razones explican la ferocidad atávica del crimen espontáneo o sistemático, caprichoso o justificado por los verdugos, ritual o vengativo. Y después, ¿por qué la represión continuó por parte del bando vencedor sobre el derrotado durante tantos años? Con ambos episodios hay equivalencias contemporáneas: la represión brutal del régimen de terror de Stalin contra los opositores de todo tipo en la Unión Soviética de los años treinta; las matanzas japonesas en China y la represión nazi contra los judíos de los años treinta y comienzo de los cuarenta. Se podrá argumentar que Stalin cifró la supervivencia de la URSS en la liquidación de los enemigos, que los crímenes de Nankín tenían una componente racista y que Hitler quiso apartar al pueblo judío del resto de la comunidad alemana, pero estas obviedades no se diferencian de la “cirugía” ideológica que pretendió el régimen de Franco. En los cuatro casos estamos hablando del más terrible invento del siglo XX, el genocidio de millones de personas que fueron consideradas por los gobernantes respectivos como seres ajenos al resto de la nación.

   Sin embargo, mientras Alemania perdía la guerra, Stalin y Franco sobrevivían con una impunidad que les dejaba las manos libres para seguir aplicando a su antojo los mecanismos de depuración del cuerpo social de sus países. Al menos la derrota alemana sirvió para asumir la culpa, aunque fuera solo en forma de borrón y cuenta nueva. La desnazificación establecida por las fuerzas aliadas de ocupación y la inmediata división del territorio a causa de la Guerra Fría cauterizaron el dolor de la derrota y facilitaron la redención de una culpa que nunca había sido del todo asumida por los alemanes. En el caso de Japón, la brutalidad del final de la guerra pareció un castigo inmerecido que ha distorsionado la introspección y el examen de conciencia. Esa consideración dificultó la asunción de la culpa por los japoneses de la posguerra. Tampoco ayudó la tutela que Estados Unidos ejerció inmediatamente sobre el enemigo de la víspera. Ian Buruma en El precio de la culpa lo expone a la perfección: “A los japoneses se les animó a hacerse ricos […]. El Estado siguió dirigido prácticamente por la misma burocracia que había gobernado el Imperio japonés, y el sistema electoral se organizó de tal manera que el mismo partido conservador corrupto pudo permanecer en el poder durante casi cuarenta años. Ese arreglo […] contribuyó a silenciar el debate público e impidió que los japoneses crecieran políticamente”.

   En la URSS la desestalinización emprendida por Jruschov a comienzo de los años sesenta fue una débil operación de limpieza del horror del período del “hombre de acero”. El oscurantismo de la gerontocracia soviética, justificado parcialmente por la estrategia de la Guerra Fría, ha perdurado en el régimen actual de Putin y sus secuaces. No se ve el camino para que la culpa sea asumida y liberada por el pueblo ruso y sus dirigentes actuales. Ha pasado demasiado tiempo. Desde el mundo que seguimos llamando occidental podemos atribuir semejante actitud a un “déficit democrático”. Pero, ¿qué se puede decir de cómo digiere y asume nuestro país el silencio, el olvido y la culpa del largo franquismo? A diferencia de Alemania y Japón, España no fue derrotada por un enemigo exterior. Esa circunstancia habría facilitado las cosas. El dictador perpetuó su régimen de control férreo durante cuarenta años. Las víctimas supervivientes morían a la vez que él. En países como Argentina y Chile, la relativa brevedad de sus dictaduras está permitiendo un sano ajuste de cuentas político y judicial. En España, una transición urgente a un régimen formalmente democrático pasó por encima del sentimiento natural de reparo y justicia. Solo que ese sentimiento lo han heredado los nietos de los derrotados, cuyo derecho al duelo les había sido arrebatado. La exhumación de los cadáveres de las cunetas de los caminos y de la historia debería ser la premisa ineludible de la asunción de la culpa y el fundamento de una nueva sociedad más madura. Pero no están los gestos de los tiempos por esa tarea. La fallida Ley de la Memoria Histórica, la negación o la justificación mediática de las atrocidades del régimen del dictador Franco, las frivolidades malévolas de los políticos desaprensivos y la ignorancia impune y contumaz de la historia por parte de los tertulianos de moda están levantando un muro infranqueable al que se añade la persecución implacable de una parte de la judicatura y de la clase política más cerriles contra el juez Baltasar Garzón, que ha sido la punta de lanza planetaria de lucha contra el olvido ominoso organizado por algunas de las dictaduras más sangrientas del siglo pasado. El mundo vuelve a España sus ojos sin comprender. Si Garzón cae, otros están manteniendo la llama de esa luz necesaria para que la historia más terrible de este país se conozca, para que las exhumaciones permitan la recuperación del llanto, del dolor, de la culpa y del luto. Sin duelo no hay consuelo ni reparación de un sufrimiento que es la única ofrenda colectiva que podemos presentar para que las generaciones venideras asienten su existencia social e histórica sobre un pasado libre de sombras. A ese propósito están contribuyendo personajes como el periodista Gervasio Sánchez con su exposición Desaparecidos, que concluye con un epílogo fotográfico sobre las excavaciones de fosas de la guerra de España de 1936-1939. Ese trabajo, junto con el de las propias familias, las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, los arqueólogos, los antropólogos forenses y los historiadores dará su fruto, sin ninguna duda, pese a todas las trabas que se pongan desde la clase política, mediática y judicial.

Alemanes y nazis

 

   Hay momentos del siglo XX que no dejan de atraer la atención de quienes nos dedicamos a intentar desentrañarlos para que las jóvenes generaciones de alumnos los entiendan con claridad. Uno de ellos es, sin duda, la época de la Alemania nazi. Quizá no pasaría de ser un episodio más de las frecuentes guerras de ese siglo tan cercano y tan trágico, si no fuera por dos elementos especialmente incomprensibles y novedosos. Uno es, desde luego, la asociación de la expansión nazi con el Holocausto, la matanza sin precedentes de población judía de toda Europa. El otro, menos terrorífico, pero igualmente inquietante, con raíces explicativas asociadas con el anterior, es la aparente docilidad del pueblo alemán, la sumisión o la aceptación de los postulados hitlerianos. Ese fenómeno, contrapunto alarmante del comportamiento habitualmente revolucionario o resistente de las poblaciones del mundo durante el pasado siglo, resulta increíblemente misterioso. ¿Por qué esa docilidad del pueblo alemán? Más allá de las explicaciones sobre el temor de las clases medias europeas  a una “bolchevización” generalizada en Europa es preciso comprender las motivaciones profundas del fenómeno.

   La guerra de 1914-1918 y sus consecuencias visibles en las terribles cláusulas del tratado de Versalles habían significado una sensación de incredulidad, en primer lugar, de la misma derrota; y después, del castigo impuesto como resultado de esa derrota. Los alemanes no podían entender semejante castigo porque nadie les explicó qué habían hecho para ser derrotados. La República de Weimar, como han resaltado los historiadores del período, nació con el poderoso estigma de la inestabilidad. El pueblo alemán se sentía asediado y su reacción fue defensiva. Cuando Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933, comenzó lo que los nazis habían considerado su “revolución nacional”. La parte más aparatosa de esa supuesta revolución fueron las celebraciones inmediatas al ascenso de Hitler: el día de Potsdam, el cumpleaños del Führer y el 1 de mayo de 1933. Pero la auténtica revolución se gestó en las consignas del aparato del partido nazi y en su aplicación sistemática a los niveles más íntimos de la vida familiar y social de los alemanes. La gran idea de los nazis fue la creación de una comunidad del pueblo (Volksgemeinschaft) que fundamentara la solidaridad nacional. Esa construcción de formas nuevas de relación social se basó en la camaradería (Verkameradschaftung), fomentada desde campos comunitarios de adiestramiento (Gemeinschaftlager) por los que pasaron cientos de miles de alemanes desde 1933 y simbolizada por el cambio de trato, tú en vez de usted. Esa construcción consciente del pueblo fue resaltada por el cine y la fotografía, medios de comunicación y de propaganda especialmente cuidados por los nazis. La fotografía, en particular, sirvió como instrumento de registro de la propia participación en la historia en construcción. Al cabo de pocos meses los alemanes habían aceptado la visión nazi del mundo, que les otorgaba una sensación de confianza absoluta frente al miedo obsesivo generado tras la derrota de 1918. Y, aunque hubo rechazos y oposición, se puede afirmar que la mayoría de los alemanes se convirtieron al nazismo de un modo u otro, incluida la clase obrera, enganchada en el proyecto nazi por la restauración de la estabilidad económica.

   Esa comunidad del pueblo tenía signos distintivos: comenzó con la exigencia temprana en julio de 1933 del saludo “Heil Hitler!” entre los funcionarios públicos y continuó con la obligación de obtener el pasaporte ario, que destiló entre los alemanes la autoconciencia de la raza. Arios frente a judíos, esa fue la auténtica revolución, la creación de una nueva persona alemana que obligaba a considerar la categoría “judío” como opuesta a otra abstracción: Alemania. El amor por lo propio derivaba en odio a lo ajeno. A fundamentar esta visión contribuyeron los preceptos raciales de Hitler puestos en práctica por las SS mediante la comprobación genética y las prácticas de esterilización forzosa que alcanzaron a más de 400.000 individuos.

   A la postre, los nazis introdujeron formas de relación que reforzaban los lazos internos de las “buenas”  familias arias o que sustituían los más débiles por unos nuevos basados en la pertenencia a una comunidad social, y por lo tanto política, definida por la camaradería y la raza. “Unter uns”, entre nosotros, es la frase que simboliza una pertenencia que, después de la “noche de los cristales rotos” (9 de noviembre de 1938) se verá matizada aún más por la frase “Judenfrei”, sin judíos.

   En este punto del razonamiento cabe buscar conexiones entre la comunidad del pueblo alemán ario y el exterminio del no ario. El Holocausto no fue gratuito para los nazis, ni siquiera se entiende únicamente como el producto de la locura homicida de Hitler. Los sentimientos antisemitas estaban muy arraigados en el pueblo alemán. O, al menos, arraigaron entre los encargados de ejecutar los aspectos más terribles de la política racial: las SS y el ejército. Con frecuencia debieron de plantearse un conflicto ético constante entre sus nociones morales y la ideología nazi, pero para la mayoría el racismo era un hecho de la vida cotidiana, lo que les hacía aprobar las matanzas. Unas matanzas perpetradas con la aquiescencia de los oficiales de la Wehrmacht. Pronto, la destrucción de los judíos se convirtió en una premisa para ganar la guerra, por eso se aceleró, según los designios del Führer, para lograr el espacio vital del este de Europa libre de judíos. Paradójicamente, cuando la población civil alemana comenzó a tener noticia de los exterminios masivos a la vez que de la posibilidad de la derrota creció el coraje del final de la lucha. Sin embargo, convertida la derrota en realidad, no quisieron cargar con la culpa, solo con la vergüenza de haber perdido la guerra, en parte a causa de los judíos. Se sintieron víctimas de una historia cruel: los nazis habían “recuperado” Alemania para los alemanes; lo único que no supieron hacer fue ganar la guerra, ese fue el auténtico elemento de segregación moral entre el pueblo alemán y los jerarcas nacionalsocialistas que los llevaron a la derrota. Como dijo un oficial norteamericano: los alemanes “culpan a Hitler por haber perdido la guerra, no por haberla empezado”.

   Esa explicación inverosímil, que tiende a diluir la importancia del papel activo de los alemanes en los crímenes nazis, resultaba políticamente útil en la posguerra pues convertía a los alemanes en víctimas y a su complicidad en simple debilidad moral. De ese modo, igual que al término de la Gran Guerra, el pueblo alemán se sintió víctima en vez de verdugo y echó la culpa de la derrota al fanatismo brutal de los nazis que los habían engañado, como en 1918 echó la culpa a los dirigentes políticos. El desconocimiento alegado del sufrimiento provocado por los nazis equilibró el sufrimiento propio y sirvió para asentar las bases morales de una Alemania nueva, con una culpa muda, de oscuras ausencias y silencios.